La nueva Ley de Vivienda, que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, ha sufrido importantes modificaciones tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los grupos parlamentarios de ERC y Bildu. Estos son algunos de los aspectos más relevantes que afectan al mercado del alquiler:
– Se elimina el IPC como índice de referencia para actualizar las rentas de los contratos en vigor y se crea un nuevo Índice de Alquiler que tendrá que ser inferior al IPC y que se aplicará a partir de 2025.
– Se facilita la declaración de zonas tensionadas de alquiler por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, reduciendo los requisitos para hacerlo.
– Se amplía la definición de gran tenedor de vivienda, que pasa a ser cualquier persona física o jurídica que posea más de cinco viviendas en una zona tensionada, y se establecen límites más estrictos al precio del alquiler para estos propietarios.
– Se establece que el propietario será el que pague a la inmobiliaria en caso de intermediación en el alquiler y se prohíbe que los contratos excluyan la aplicación de la Ley de Vivienda.
– Se impulsa la vivienda protegida en alquiler a precio limitado y se fija una fecha y hora obligada para realizar un desahucio.
La nueva Ley de Vivienda ha generado diversas reacciones entre los agentes implicados en el sector inmobiliario. Mientras que algunos la ven como una medida necesaria para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación, otros la consideran una intervención injustificada que provocará una reducción de la oferta y la rentabilidad del alquiler, así como un aumento de la okupación y los impagos.